Otra vez asistimos a este recurrente y desgastante debate sobre qué hacer frente a los cortes de calles.

Nuestra postura es clara: hay que cumplir la ley.
Y para eso lo mejor es que la Justicia sea la que de las órdenes y la Policía la que las ejecute.
El Gobierno debe formar, instruir y equipar a la Policía para que pueda cumplir esas órdenes sin excesos y con la mayor inteligencia posible. O sea: para que cumpla la ley.

El poder político debe hacer su trabajo: encausar los conflictos para evitar que lleguen a ser manifestaciones callejeras. Cuando eso no es posible, buscar abrir vías de negociación y diálogo para desactivar o minimizar el impacto.

Lo que no debe hacer es lo que ha hecho el Gobierno nacional en estos años: desobedecer a la Justicia, no resolver los conflictos y perpetuar algunos de ellos eternamente, como es el caso del corte de Gualeguaychú.

Cuanto más se consolida la teoría de “contener y disuadir” sin aplicar la ley, más difusa se vuelve, haciendo más probable situaciones de mayor violencia como la que vimos en Kraft el viernes.

Esto se da porque se erosiona la legitimidad de la Policía para hacer cumplir una orden, sea de la Justicia o del Gobierno, frente a un conflicto de orden público.

Sin duda será un desafío que dejará este gobierno a los sucesores: cómo volver a un equilibrio en el orden público evitando las situaciones de violencia.

Marcos Peña