Sin embargo, lo que sucede en el Consejo de la Magistratura tiene un impacto sobre los problemas de la inseguridad, la pobreza, la corrupción y la violación de los derechos ciudadanos. Si el Consejo de la Magistratura selecciona malos jueces, sus sentencias serán igual o peor de malas. Si el Consejo de la Magistratura ‘aprieta’ a los buenos jueces, no habrá sentencias.

¿Por qué tardamos tanto?

Simplemente porque construir acuerdos entre bloques tan diversos lleva tiempo. Sin embargo, vale la pena. Porque hoy muchos entimos que este dictamen es mejor que el borrador de hace tres meses o el de hace un mes. Logramos una propuesta de reforma amplia y profunda a pesar de que algunos pensaron que no podríamos lograrlo.

En verdad, todos cedimos algo de nuestras posturas particulares en pos de arribar a un consenso. Este es el secreto de toda negociación exitosa.

El dictamen incorpora puntos muy inetresantes que aumentan la transparencia y el control ciudadano del funcionamiento del Consejo. Se prevén concursos para cargos importantísimos como el del Administrador General del Poder Judicial o el secretario del Cuerpo de Peritos Auditores, se establece la publicidad online total de los expedientes, se crea una Oficina de Estadísticas e Información, se garantiza el anonimato de los candidatos en los exámenes escritos, entre otros puntos salientes.

Para ver el dictamen hace clik aqui

Digo increíble pero real porque todo lo que se buscó con la constitucionalización de los DNU, no se logró.

Menem firmó DNU como loco. De la Rúa no se quedó atrás y Néstor Carlos rubricó uno cada cinco o seis días. La Presidente Cristina fue más moderada en cantidad pero ni que hablar de la calidad de los mismos!

Doce años después de la reforma constitucional, el Congreso de mayoría K aprobó una ley muy ‘permisiva’ y poco controladora.

Ayer y hoy, mucho parecen haber olvidado que los DNU son medidas de carácter excepcional. Para mí, la Constitución es clara pero las ansias de poder demuestran lo contrario.

Utilizar los DNU para gobernar implican eludir al Congreso, evitar la deliberación y dar la espalda al pueblo de la Nación y a las provincias que son representadas en ambas Cámaras legislativas.
Llegó la hora de la verdad. Creo que este Congreso no tiene que aprobar un proyecto de ley para limitar a este gobierno. Este Congreso tiene que aprobar una ley para mejorar el sistema de frenos y contrapesos que establece nuestra Constitución.

Se busca confundir cuando se dice que el Congreso y los jueces quieren gobernar. La Constitución establece muy claramente los roles de cada uno.

El Ejecutivo gobierna pero no gobierna solo. Tanto el Congreso como el Poder Judicial, de distintas formas y en diferentes circunstancias, son parte del proceso de formulación de políticas públicas.

Así que mejor que vayan a otra parte con la cantinela de que el Congreso y los jueces quieren gobernar.

Pueden consultar el proyecto de ley que presentamos para controlar a los DNU y los vetos presidenciales.
A grades rasgos pedimos que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU, que el Jefe de Gabinete concurra para dar explicaciones acerca de la necesidad y la urgencia, que las dos Cámaras del Congreso expresamente lo ratifiquen, rechacen o declaren nulo en el lapso de 30 días, que el silencio de alguna de las Cámaras implica nulidad.

Como todo proyecto, es perfectible.

Sabemos que establece limitaciones y barreras altas. También sabemos que muchos puntos se repiten en otros proyectos de otros legisladores. Tendremos que acordar. Negociar y consensuar es parte de nuestro trabajo.

Creo que tendremos una buena ley. Hay buenos proyectos y hay un buen nivel de debate. no olvidemos que éste es una ley para la República, no para un gobierno particular. No olvidemos que la normalidad no es el uso excesivo de DNU. Recordemos siempre que son excepcionales y que la norma es que el Congreso y el Ejecutivo trabajen mancomunadamente en el proceso de sanción y formación de leyes. No olvidemos que los jueces están para controlar que esas leyes sean constitucionales.

Esta reforma se introdujo en 1994, y recién en 2006 el Congreso, de amplia mayoría kirchnerista, aprobó una ley híbrida que ha servido para violentar al sistema republicano en varias ocasiones. Según cierta interpretación poco afecta al control parlamentario de la ley de 2006, un DNU queda ratificado con la aprobación de una sola Cámara.

Hacé click aquí para seguir leyendo.

Se ha violado el derecho de todos a acceder a información pública veraz y oportuna. Nadie le cree al INDEC después del latrocinio efectuado por el gobierno. Con estadísticas adulteradas, el gobierno ha perpetrado uno de los mayores fraudes y saqueos en el manejo de las estadísticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el acceso a la información pública como un derecho humano. Se trata meta-derecho o sea uno derecho que sirve para apalancar el cumplimiento de otros. No se trata de un derecho para la clase media y un lujo de las democracias desarrolladas. Con información pública en la mano los más pobres tienen una herramienta fundamental para controlar la entrega de planes sociales, la construcción de obrasd e infraestrutura, el otorgamiento de viviendas, etc.

Los empleados del INDEC han sufrido y sufren acoso, hostigamientos y persecución. Los que siguen en el Instituto tienen miedo. Los que se fueron lo tuvieron, quizás lo sigan teniendo.

Se me estrujó el corazón cuando Graciela Bevacqua dijo todo a pura emoción y producto del sufrimiento. Esa mujer sufrió y sufre. Esa mujer sintió y siente miedo. Llegaron a amenazar a su hija de trece años por teléfono. El miedo, la impotencia y el sufrimiento se podían respirar en la sala. El aire se cortaba con cuchillo.

Ella tuvo el coraje de contar lo sucedido. Hay que tener mucha valentía. Nadie protege a los empleados de la administración pública frente al acoso o el hostigamiento de sus superiores.

Por eso creo que desde el Congreso tenemos que saldar varias deudas:

1. conformar una Comisión que investigue lo sucedido estos tres años y complemente la causa judicial que va demasiado despacio,
2. generar un tipo de intervención del Parlamento para que los desplazados recuperen sus fuentes de trabajo y se expulse a las patotas del gobierno en el INDEC,
3. reformar la ley y darle al INDEC autonomía funcional y autarquía financiera,
4. sancionar una ley de acceso a la información pública, y,
5. otra ley que proteja a los empleados de la administración de este tipo de situaciones y les dé garantías para denunciarlas.

Indemnizar, resarcir, reparar es parte del compromiso que debemos asumir desde el Congreso. Algo que también deberá hacer el próximo Presidente de la Argentina. Al actual gobierno y a sus funcionarios responsables del latrocinio del INDEC habrá que juzgarlos y castigarlos por haber violado los derechos de tantas personas y de todo un país.

Después de las andanzas judiciales, la convocatoria de la Comisión Bicameral y su dictamen, le queda al Congreso (mejor dicho a una de sus Cámaras) ratificar o no el tristemente célebre decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario.

Y ya que hablamos de Bicentenario, no es menor que la discusión política que dio inicio a 2010 estuviera vinculada a un DNU. Nuestro sistema político se ha vuelto más hiperpresidencialista que nunca. Y ello viene sucediendo desde la reforma constitucional de 1994 por la combinación de sucesivas crisis económicas y liderazgos presidenciales poco apegados a la conversación institucional.

La mayoría de los sistemas de gobierno se han transformado. Hoy en día la figura de los titulares del Ejecutivo prevalecen sobre el resto, también en los sistemas parlamentarios. Sin embargo, la existencia de partidos políticos fuertes no sólo impone frenos sino también provee de buenos equipos para el ejercicio del gobierno y la oposición. La teledemocracia impacta en la centralización en el Ejecutivo y la personalización de la política. Nadie puede escapar a esta tendencia. Sin embargo, es claro que los Ejecutivos no gobiernan solos- por más que quieran. Donde existen partidos políticos sólidos y buenos controles, es más fácil poner límites.

Allí sobrevienen los desafíos. Los buenos gobiernos son aquellos que toman decisiones y son controlados. Una buena oposición evita que el gobierno malgobierne. Alcanza con el Congreso? Probablemente, no.

Los sistemas democráticos multiplican las instancias de control administrativo, político y ciudadano para evitar los abusos del Ejecutivo. Pueden hacerlo antes, después o durante la ocurrencia de los abusos.

Todos estos comentarios no sólo vienen a cuenta del mes de enero que hemos vivido, sino también a la lectura que he hecho del libro de Sergio Fabbrini ‘El ascenso del príncipe democrático‘, que les recomiendo si les interesan estos temas.

Es evidente que las cosas empiezan a cambiar en Argentina. Es importante que tod@s, desde nuestro lugar, apoyemos este cambio de tendencia en nuestra vida institucional. El resultado final - que aun no conocemos, puede gustar más o menos, pero lo que aquí importa es el proceso.

Debemos destacar la importancia de contar con jueces independientes, de legisladores que se están moviendo con rapidez y utilizando todas las herramientas que pone a su disposición la Constitución Nacional y los Reglamentos de las Cámaras legislativas.

Las formas y el fondo son importantes. Las formas deben ser respetadas porque ningún fin justifica los medios. El fondo también debe debatirse y es el Congreso el que debe decidir por ley el destino de las reservas, no un decreto de necesidad y urgencia.

Es un día importante y para destacar que las instituciones de la República en Argentina funcionan!

Cuando esta Presidente era legisladora se caracterizaba por su enérgica defensa de la calidad institucional y criticaba duramente a los Presidentes que utilizaban DNU. Todo esto sucedió hasta que su esposo se transformó en el Presidente que firmó más DNU que proyectos de ley y que en proporción usó más esta herramienta que el propio Carlos Menem.

La remoción de Redrado no tiene validez hasta tanto ese decreto no sea tratado por el Congreso. Toda decisión que tome Pesce como Presidente o el directorio pone en riesgo la seguridad jurídica en la Argentina. Todos, desde la Presidente, el jefe de Gabinete, todos los
Ministros que firmaron el DNU de remoción y el nuevo Presidente del Central, podrían estar incurriendo en delitos previstos en el Código
Penal y violando la Constitución Nacional.

Debemos detener a tiempo esta locura presidencial a fin de que la Argentina dé señales de razonabilidad y responsabilidad a sus
ciudadanos y al mundo.

El Congreso debe reunirse por razones de ‘necesidad y urgencia’.

Dip. Nac. Laura Alonso