Soy miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación desde hace más de tres años. En todo este tiempo la Comisión reunió quórum en muy escasas ocasiones. Y, justamente, es la mayoría oficialista la que no asiste.

Paradójicamente quien hoy propone el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es este Gobierno que, además, es sospechado, por las más serias organizaciones de la sociedad civil, de atentar contra la libertad de expresión.

¿No será que se pretende amedrentar a los medios de comunicación y asegurar su “buena predisposición” en la campaña nacional que se avecina? ¿No servirá para amenazar o castigar algún sector determinado? El anuncio oficial suena a advertencia y no a genuina preocupación por legislar un área tan controvertida.

En este sentido, considero que es necesario discutir y legislar en materia de libertad de expresión, pero en este contexto electoral y de crisis mundial, me parece que no es oportuno dar esta discusión. La nueva ley debe surgir de una verdadera reflexión sobre el rol de los medios en nuestro país y los contenidos que hacen a nuestra sociedad.

De la propuesta oficial, rescato la pretensión de pluralidad, la diversidad e igualdad de acceso. Sin embargo, me preocupa la figura de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación puesto que dependerá de la Secretaría de Medios, es decir será otro organismo de control politizado. Y es muy sospechoso que éste, revise cada dos años las reglas por las que son otorgadas las licencias, su duración, criterios para ser licenciatarios ¡Justo entre elecciones!

A la vez, estoy convencida que discutir esta ley obviando el acceso a la información pública y la distribución de la pauta oficial, significa una falta gravísima en materia de libertad de expresión. Y crecer en materia de libertad de expresión es enriquecer nuestra democracia.